Incautaciones industriales en Villena durante la guerra civil.
Por FERNANDO COSTA VIDAL
Tras la sublevación militar de julio de 1936, el poder en la España republicana quedó en manos de los comités revolucionarios. En la provincia de Alicante, el Comité del Frente Popular se convertía en la única autoridad legal. Ahora bien, aunque de modo oficial, este Comité provincial ostentaba el poder en la provincia, lo cierto es que durante los primeros meses de la contienda el poder efectivo lo ejercieron los comités revolucionarios que, tras la sublevación militar se habían ido creando en cada localidad.
En este estado de cosas, las organizaciones sindicales, especialmente la U.G.T. y la C.N.T., consideraron que había llegado la hora de la revolución social en que los medios de producción de riqueza debían de ser traspasados a la clase trabajadora.
La actividad económica había quedado paralizada tras las convocatorias de huelga y la ausencia de bastantes propietarios que, o habían sido encarcelados o habían huido del país por temor a posibles represalias.
La imperiosa necesidad de reanudar la actividad económica para hacer frente a la guerra civil, hizo que las centrales sindicales, tras hacer un llamamiento a los trabajadores para que se reintegrasen a sus puestos de trabajo, procedieron a la incautación de tierras, fábricas, talleres, fincas rústicas y urbanas abandonadas por aquellos propietarios que, directa o indirectamente, se suponía que habían participado en la sublevación militar.
Por todo ello, se produjeron una serie de transformaciones en las que los sindicatos pasaron a convertirse en los órganos directores de la nueva política económica, adoptando en las industrias una de estas tres formas:
a) Control obrero donde, sin anular al propietario, un Consejo dirigía toda la actividad de la fábrica.
b) Simple incautación, cuando el propietario de la industria cedía «voluntariamente» todos los derechos, convirtiéndose, si lo deseaba, en un empleado más de la fábrica.
c) Incautación total, que arrebataba todos los derechos al propietario, pasando sus bienes a un Consejo o Sindicato obrero que los administraba.
Las dos primeras formas fueron aplicadas a individuos de ideología republicana, mientras que la última se destinó a personas declaradas facciosas o enemigas del Régimen.
Pero las tres modalidades desembocarían, en el transcurso de la guerra, sobre todo durante los años 1937 y 1938, en socializaciones y colectivizaciones tanto en Villena como en la mayoría de ciudades industriales de la provincia, ya que en la práctica, la diferencia entre las tres situaciones era escasa, pudiendo considerarse las incautaciones y control obrero como paso previo para llegar a las colectivizaciones y socializaciones que supondrían una forma solidaria de distribución de los bienes.
Electro Harinera Villenense,
La legalidad de estas incautaciones, colectivizaciones y socializaciones se producía por medio del Comité del Frente Popular, cumpliendo estos requisitos:
1. A propuesta de algún sindicato, el Comité del Frente Popular de la localidad estudiaba la propuesta y promulgaba un edicto, dando al propietario un plazo de ocho días para que presentara el pertinente recurso.
2. Transcurrido el tiempo establecido, caso de no tenerse noticias, se procedía a la entrega de la propiedad a la entidad o entidades obreras mayoritarias en la industria, que pasaban a hacerse cargo de su administración.
3. Finalmente, el hecho era legalizado por las autoridades locales y estatales, registrando la situación en la Consejería de Economía, mediante la presentación de un inventario-balance y los libros diarios.
En virtud de esta situación, en Villena se creó una Comisión de Incautaciones y Administración formada, el día 27 de septiembre de 1936, por Martín Palao, Francisco Ribera Vicent, Antonio Gómez, Antonio Navarro, Francisco Blanqued y Ginés Valdés, que rápidamente procedió a la incautación y socialización o colectivización de numerosas industrias locales, figurando entre las mismas las siguientes:
VINOS Y ALCOHOLES:
Amorós y Menor, S.L.
Hijo de Luis García Poveda, S.L.
José Hurtado Hurtado
Salvador Pérez Marsá
Félix Azpilicueta Martínez y
Cooperativa Vínico-Alcoholera.
Para regir los destinos de esta socialización fue elegido el siguiente Consejo de Administración:
Presidente: José Tortosa Moya
Secretario: Justino Hurtado Martínez
Tesorero: Juan Soler Doménech
Vocales: Francisco Hernández López
Frutos Hurtado Martínez
Francisco Milán Hernández
José García Ferriz y
Miguel Castillo Richarte
Estado actual de la fábrica de harinas «El Carmen», en la Colonia de Sta. Eulalia, que fue incautada durante la Guerra Civil. Foto del autor.
FABRICAS DE MUEBLES:
Hijos de Antonio Valiente Ruescas
Ginés García Navarro
Antonio Mora Tomás
Tomás Malpica Gutiérrez
Luis Coloma Jordán
Rafael Mejías Sáez y
Gumersindo Donat Ferrándiz
El Consejo de Administración que se constituyó estaba formado por:
Presidente: Ginés Camarasa García
Secretario: Diego Valiente Valiente
Tesorero: Vicente Penades Pascual
Vocales: Rafael Mejías Sáez y
Antonio Mora Tomás
AGUAS, GAS Y ELECTRICIDAD
Electro Harinera Villenense, S.A.
Hidroeléctrica Anrala, S.A.
FABRICAS DE CALZADO
José Hernández Serrano
Francisco Fernández Barranco
Miguel Caturla García
Juan Segura Cuenca
Sebastián Martínez Hellín
Francisco García López
Cristóbal Alcaraz Gil
Francisco Flor Hernández
Sixto Díaz Navarro
José Pérez Navarro
y Antonio Tomás Hernández
Constituido el Consejo de Administración, resultó estar formado por:
Presidente: Juan Guillén Hernández
Vicepresidente: Ignacio Chaumel González
Secretario: Miguel Martínez Ramírez
Vicesecretario: José Milán Pérez
Tesorero: Juan Menor Domenech
Contador: Antonio López Hernández
Vocales: Lorenzo Navarro Richarte
Servando Hernández Galiana
José Salinas Atienza
Pedro Muñoz Vera
Francisco Hernández García
y Francisco Richart García
INDUSTRIA DE LA SAL
Salero de Penalva
Constituyéndose el siguiente Consejo de Administración:
Presidente: Vicente Blanes Caparrós
Secretario: Domingo Panadero Disla
Vocales: Joaquín Serrano Navarro
Francisco Abellán Francés y
Fernando Micó Pérez
INDUSTRIA TEXTIL
Camilo Casanova Carchano
Su Consejo de Administración lo formaron:
Presidenta: Celia García Navarro
Secretaria: Agueda Barrachina Michavila
Tesorera: Pascuala Carpena Navarro
Vocales: Virtudes García Pujalte
y Virtudes Pérez Abellán
Estado actual de la fábrica de harinas «El Carmen», en la Colonia de Sta. Eulalia, que fue incautada durante la Guerra Civil. Foto del autor.
FABRICA DE HARINAS:
«El Carmen» de José Planelles Ferrándiz
Su Consejo de Administración formada por:
Presidente: Manuel Lado Monleón
Secretario: José Ruiz Gil
Vocales: Ildefonso Cobo Sánchez
Vicente Martí Díaz y
Francisco Amat Pérez
INDUSTRIAS METALURGICAS:
Hijo de Vicente Rodes Sellés
Taller de Herrar de José Amorós
Garaje Gosálbez
Sociedad de Metalúrgicos y Similares
«El Baluarte», integrada por:
Taller de Luciano Martínez
Industrias Caturla, S.A. y
Electro Harinera Villenense, S.A.
Parte posterior actual de lo que fue la Cooperativa Vínico-Alcoholera Villenense, incautada durante la Guerra Civil. Foto del autor.
FERRETERIA, DROGUERIA Y ABONOS:
José Ferrer García
Su Consejo de Administración quedó constituido por:
Presidente: Juan González Mayoral
Secretario: José García Hernández
Vocales: Martín García Hernández
Cándido Lillo Catalán y
Ernesto Rodes Martí
INDUSTRIAS DEL YESO:
Diego García Navarro
Se formó el siguiente Consejo de Administración:
Presidente: José Guillén García
Secretario: José Sevilla Navarro
Vocales: Francisco Pérez Tomás
Pedro Ortín Martínez y
José Requena García
OTRAS INDUSTRIAS DIVERSAS:
Aceitera de Levante
Fábrica de mosaicos de Leopoldo Barrachina Amorós.
Industria Papelera de Juan J. Amorós Hernández.
Parte posterior actual de lo que fue la cooperativa Vinico-Alcoholera Villenense, incautada durante la Guerra Civil. Foto del Autor.
Este proceso socializador y colectivizador tuvo su oponente en el Partido Comunista que, más bien, se inclinaba por la nacionalización de las industrias cuya producción fuese destinada a la guerra.
Durante el transcurso de la guerra civil se fue produciendo un reflujo en el proceso colectivizador impuesto por las necesidades de la contienda que exigía una centralización de los poderes económicos por parte del Estado. Por todo ello, los comunistas insistieron en sus campañas consiguiendo la intervención estatal en muchas de las empresas colectivizadas, empezando por los sectores de producción de guerra.
En 1938 eran intervenidas por el Estado todos los talleres metalúrgicos y colocados bajo la dirección de la Subsecretaría General de Armamento. También, en el mismo año se ordenaba, por parte del Gobierno Civil de Alicante, la incautación por el Estado de la producción de calzado de la provincia, centralizando todas las fábricas, dedicando a producir para el frente y creando un Consejo Nacional de Industria de Guerra que sería el encargado, en adelante, de planificar la producción. Y así, sucesivamente, la totalidad de industrias de guerra; medidas éstas que se llevaron a cabo, lógicamente, con la oposición de la C.N.T. y la sistemática resistencia del elemento trabajador hasta el fin de la contienda militar.
Extraído de la Revista Villena de 1995
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