1994 EL DECRETO «ALBORCH»

El Decreto «Alborch». Por ANTONIO V. MARTÍNEZ

A finales del pasado año, y con motivo de la finalización de las negociaciones del Gatt, o lo que es lo mismo, ese macro acuerdo de libre comercio a todos los niveles con los Estados Unidos, surgieron una serie de diferencias entre algunos de los países negociadores, como Francia y España, a raíz de la industria del cine.

EL 15 de diciembre pasado finalizaba el plazo y en materia de cine no se habían puesto de acuerdo. A más de uno le puede resultar curioso que en otros campos, como es el caso de la Agricultura, sí que hubiera acuerdo, mientras que en un apartado en principio menor como el cine, existieran tantos problemas. Pero no hay que olvidar que en los Estados Unidos, la industria cinematográfica es la segunda en importancia, superada tan sólo por la aeronáutica.

Por su parte, en nuestro país, aunque no exista una industria como tal, lo cierto es que se producen algunas películas al cabo del año (cada vez menos), que se considera como un importante patrimonio cultural. Basándose en esta circunstancia, los negociadores europeos, pretendían aplicar una excepción en este terreno, al considerar el cine, más que como una industria, como un fenómeno cultural. Al otro lado del Atlántico no lo veían tan claro, pero al final aceptaron. No obstante, el gobierno español se sacó de la manga un decreto, mediante el cual se pretende proteger a nuestro cine.

«1492», es una película considerada como producción española, que triunfó en la taquilla, aunque sea coproducción británica con director afincado en EE.UU.

Ese decreto se aprobó a toda prisa, si bien en la actualidad, todavía sigue un lento proceso parlamentario, y produjo una airada protesta dentro del sector, que supuso el hecho histórico de que la práctica totalidad de las salas de cine de toda España, fueran por vez primera a una huelga.

La Ministra de Cultura Carmen Alborch, propuso una serie de medidas que sólo contentaron a un sector de la industria, la producción, pero que dejó al margen a sectores como la distribución y la exhibición. Así, lo que en un principio era para proteger al cine español, al final se convertía en una forma de destrucción de todo el sector cinematográfico.

Nos explicaremos. Las principales medidas aprobadas en dicho decreto, y las más conflictivas, son por un lado la denominada «cuota de pantalla», algo que ya existía con anterioridad, pero que ahora se endurece aún más, y las «licencias de doblaje». Con respecto a la cuota de pantalla, supone para el exhibidor cinematográfico de una gran ciudad, la obligatoriedad de proyectar una película española o «comunitaria», al menos uno de cada dos días de exhibición de una película de terceros países. Es decir, un día de cine comunitario por cada dos de cine americano por ejemplo. (En las ciudades más pequeñas de 125.000 habitantes, la proporción es de uno a tres). De esta forma, puede ocurrir que se tenga que retirar de cartel una película de gran éxito, para proyectar otra que tal vez no le interese a nadie, con el consiguiente perjuicio económico para el empresario. Por otro lado, la «licencia de doblaje», (algo que sólo existe en nuestro país), perjudica al distribuidor, al tener que comprar y estrenar películas españolas o comunitarias, para poder doblar al castellano las películas americanas. Y no sólo eso, también han de dar en taquilla al menos 30 millones de pesetas, o de lo contrario no se obtiene esa licencia.

Actualmente el cine norteamericano ocupa en las carteleras españolas un considerable dominio, con aproximadamente un setenta y cinco por ciento de cuota de mercado. El cine español, en su propio mercado apenas llega al diez por ciento. Las medidas de protección pretenden conservar esa cuota o incluso aumentarla, evitando que el coloso americano lleve cada vez más terreno y margine a nuestro cine hasta su práctica desaparición. Pudiendo ocurrir en el futuro, que las películas españolas tengan que pasar directamente al mercado del vídeo o la televisión sin estrenarse en una sala de cine. De hecho ya ocurre esta circunstancia en algunos casos de films malditos que no llegan nunca a estrenarse.

Pero, a pesar de que la intención es buena, lo cierto es que la ministra se ha equivocado, pues con dichas medidas, no sólo no se va a conseguir la protección deseada para nuestro cine, también va a perjudicarlo, y por extensión al cine en general. No se puede obligar al público a ver un determinado tipo de cine, ni se puede programar por decreto desde un despacho ministerial. Los productores españoles han de ser conscientes de que muchas veces las películas que ruedan no interesan a nadie y por eso fracasan en taquilla. Es cierto que no se puede luchar con los medios que dispone el cine americano para lograr espectaculares productos llenos de efectos especiales, o acción o muchos extras, pero también es cierto, que cuando se hace una película con inteligencia y estilo, también se conecta con el público de forma mayoritaria. Ahí está el caso reciente de nuestro último Oscar, la película de Trueba «Belle epoque», que ya un año antes de conseguir este galardón, triunfó en taquilla convirtiéndose no sólo en la película española de mayor recaudación del año, sino también de las diez primeras del total de las estrenadas. Pero fue la única. El resto pasó con más pena que gloria por la cartelera nacional.

Hoy en día, el sector cinematográfico está experimentando una sensible recuperación, tras la crisis profunda que sufrió en los años ochenta, la tendencia ya no es la del cierre de salas, al contrario, en los últimos años, se producen numerosas inauguraciones de nuevos locales. Ahora bien, si por culpa de esas medidas proteccionistas, dejan de ser negocio, tal vez se vuelva a invertir la tendencia y nos quedemos poco a poco sin cine. La verdad es que el público está acostumbrado a ver el cine doblado al castellano y que sólo en pequeños círculos de Madrid y Barcelona principalmente, se acepta el estreno habitual de las películas en versión original subtitulada. Si por no obtener licencias de doblaje las distribuidoras se vieran en la obligación de proyectar sus productos en versión original, el descenso de espectadores sería generalizado y el cine americano se vería notablemente perjudicado, pero es que el español no podría ocupar su puesto, porque no quedarían cines donde proyectarlo. Y que nadie piense que si el «Terminator» o el «Indiana Jones» de turno sólo se ven en versión original, el público dejaría de verlos sí, pero no se metería a ver una película española que no le interesara, sencillamente no iría al cine.

Por otra parte, se perjudica notablemente a ese otro cine que no es ni americano ni español, al europeo que ese sí desaparecería casi por completo. Pues si hoy en día resulta que en España las principales distribuidoras son filiales de las multinacionales norteamericanas, las que quedan independientes, se nutren principalmente de películas europeas. Al existir la obligación de estrenar una película comunitaria para obtener una licencia de doblaje, las multinacionales comprarán ese material y harán prácticamente desaparecer al distribuidor independiente. De esta forma, se produce el primer efecto contraproducente, al pretender quitarle cuota de mercado al cine norteamericano y dejar el sector de la distribución prácticamente en sus manos.

No es bueno que el cine español esté distribuido por una compañía extranjera, pues sería maltratado por la misma y usado en su propio beneficio, como de hecho ya ocurre con la mayoría de las películas españolas que se estrenan en la actualidad. Los productores pretenden que sus películas se estrenen en las grandes ciudades en las mejores salas, por ejemplo en Madrid, en los cines de la Gran Vía, y como la mayoría de estos locales son también propiedad de las multinacionales, no lo programarían si no lo tuviesen en sus listas. Pero sinceramente, es más rentable poder estrenar en buenas fechas y con una publicidad adecuada, aunque sea en otro sitio, que ocupar la Gran Vía en la época considerada como fuera de temporada o para cubrir huecos. Y en Madrid mismo, existen importantes circuitos de exhibición muy cerca de la Gran Vía que gozan de gran éxito de público. Pero además, en las ciudades más pequeñas como Villena, las multinacionales no estrenan casi ninguna película española, impidiendo incluso que salas alternativas como la casa de la cultura, puedan ofrecer el material que queda inédito en la ciudad.

Francia es el país de Europa donde más éxito tiene su propio cine, superando a veces una película francesa, las recaudaciones de las más taquilleras superproducciones norteamericanas, pues bien, en Francia, las multinacionales norteamericanas no distribuyen ninguna película francesa. Estas pertenecen a empresas nacionales y consiguen muchos mejores resultados que en España.

Así las cosas, lo deseable sería una retirada del tristemente famoso «decreto Alborch», o una sustancial modificación del mismo, puesto que lejos de suponer una bocanada de aire fresco para nuestro cine, puede suponer la total desaparición, no del nuestro sino del cine en general. 

Lo mejor que posee dicho decreto es que su vigencia es sólo para cinco años, pero tal vez sean suficientes para cargarnos el sector. De momento ahí está esa huelga que puede repetirse o transformarse en otro tipo de medidas, (la rumoreada decisión de las multinacionales de no comprar ninguna película española, y cumplir la ley sólo con películas europeas). Hay que potenciar el cine español de otra forma, creando las bases de una industria sólida, para que pueda competir en condiciones semejantes con el cine norteamericano, y dejar libertad al aficionado para que decida qué películas quiere ver de verdad, sin imposiciones absurdas, ni intervencionismo estatal, en una sociedad competitiva y de libre mercado, en la que el cine de uno u otro sitio, debe tener la cuota que realmente se merezca.

Extraído de la Revista Villena de 1994