1982 TRES AÑOS DE AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

TRES AÑOS DE AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

Tres años no nos pueden ofrecer una visión excesivamente exacta de un proceso tan complejo como la implantación de Corporaciones locales de carácter democrático; pero sí nos podemos acercar —un poco— a analizar su estado de funcionamiento, sus logros y fracasos, las críticas que reciben por parte de diversos sectores sociales, su continuidad, etc.

Un mínimo rigor en el análisis de lo expuesto más arriba debe partir de tres premisas fundamentales (al menos, yo lo considero así):

— 1.ª La Administración central del Estado está gobernada por una fuerza política (UCD) de determinada ideología; la Administración local, es decir, los Ayuntamientos, están gobernados —los más importantes en cuanto a número de habitantes y recursos que manejan— casi en su totalidad por una coalición (PSOE/PCE) de diferente ideología.

— 2.ª Los Ayuntamientos actuales se rigen por una Ley de Régimen Local que data del año 1955, evidentemente obsoleta y muy lejos de cumplir las necesidades que demandan unos Ayuntamientos de 1982.

—3.ª La gobernación de los Ayuntamientos se ha tenido que realizar, y se sigue realizando, en un proceso de consolidación democrática, con la inestabilidad política, social y económica que esto comporta. No es igual gobernar en una Democracia firmemente asentada que en una tambaleante, inexperta y joven como es la de nuestro País.

¿Cómo funcionan los Ayuntamientos?

Si esta pregunta la respondiéramos tajantemente habría que contestar que funcionan mal, pero sobre esta respuesta se podrían hacer varias puntualizaciones.

Al igual que una máquina que no está perfectamente engrasada no funciona bien, un Ayuntamiento que no esté perfectamente coordinado, planificado y estructurado no podrá funcionar bien nunca; y, desgraciadamente, éste es el caso de nuestros Ayuntamientos.

La coordinación en nuestras Corporaciones es poco eficiente. Cada área o Delegación no está lo suficientemente coordinada con las demás como para llevar a cabo un trabajo satisfactorio y efectivo.

Se planifica poco y bastante mal, y, cuando se hace, resultan planes muy concretos con poca visión de generalidad. Los planes cuanto más generales y con visión de futuro, más acordes con las necesidades a cubrir.

La estructura de los Ayuntamientos tampoco está acorde con las funciones y necesidades que debe atender. Existen numerosas áreas' de interés general —social, cultural, ecológico, informativo— que no existen o cuentan con un personal escaso y poco preparado para hacerles frente. La idea que se tiene del funcionario, y desgraciadamente muchas veces se acerca a la realidad, es la de un señor más o menos amable que, tras una ventanilla, nos cobra un recibo o rellena algún impreso.

Poner en funcionamiento la pesada maquinaria de una Corporación no es tarea fácil ni conseguible a corto plazo. Mientras no exista una Ley de Régimen Local, todo intento de mejora tropezará con numerosas dificultades. La puesta en marcha de esa Ley urge apremiantemente. Hay que decirlo claramente: el Gobierno hace todos los intentos posibles para que la Ley no se promulgue, prefiere ver unos Ayuntamientos que se debaten en la miseria presupuestaria, incapaces de funcionar por falta de instrumentos legales apropiados. Las ansias de poder y control de un determinado partido las estamos sufriendo todos los ciudadanos.

Que el funcionamiento de los Ayuntamientos no haya sido todo lo bueno que muchos esperábamos, no devalúa los evidentes logros conseguidos por las Corporaciones democráticas.

El Ayuntamiento ha perdido —afortunadamente— ese carácter mítico de cosa inaccesible al ciudadano de la calle, pasando a ser algo más vivo, más de todos, al cual podemos acceder más fácilmente. Sus puertas se han abierto, si no lo sufí Siente, sí lo bastante —voluntad política de apertura existe en muchísimas Corporaciones— para que podamos pasar por ellas.

El Ayuntamiento se ha convertido en el verdadero animador, cuando no promotor directo, de la pobre, pobrísima, vida cultural que ha reinado en este País —para desgracia de todos—durante tantísimo tiempo. Su apoyo a la cultura es claro y decidido; las subvenciones —dentro de sus lógicas limitaciones presupuestarias— se han prodigado con generosidad y responsabilidad.

La calidad de vida del ciudadano se ha mejorado, o se intenta mejorar. Afortunadamente, las licencias de construcción se conceden con menos prodigalidad que en tiempos pasados; las zonas verdes —en un País como el nuestro que carecía casi por completo de ellas— se están potenciando y haciendo verdaderos esfuerzos para ubicarlas en algún lugar apropiado dentro de la maraña de cal y cemento heredada de las Corporaciones franquistas; se está intentando hacer algo con ese cáncer de la civilización moderna que es el tráfico; en definitiva, se pretende que el entorno urbano sea algo más soportable y agradable para aquéllos a quienes nos ha tocado vivir en él.

Evidentemente, fracasos se han producido —el fracaso, a veces, es consecuencia de que se está haciendo algo. Se ha fracasado en el intento de racionalización del caos administrativo reinante en su estructura. Hoy en día, los Ayuntamientos son lentos, ineficaces y con poca imaginación a la hora de resolver muchísimos trámites burocráticos con los que el ciudadano, cotidianamente, se enfrenta.

Otro fracaso sería que muchas veces el ciudadano no tiene una idea concreta de lo que realiza su Corporación, y de cómo le afectarán a él sus planes. No se informa lo suficiente de los proyectos a realizar y de los objetivos futuros. La información es un derecho, más aún, una necesidad que debe ser atendida por parte de las Corporaciones.

Las críticas que se hacen a las Corporaciones democráticas por parte de fuerzas políticas que no poseen el gobierno de los principales Ayuntamientos, y por parte de ciertos sectores de población —mal informados o, mejor, desinformados— las podríamos resumir en las siguientes: aumento en la contratación de personal, bien fijo o temporal; excesivos emolumentos percibidos por Alcaldes y Concejales; aumento desorbitado de la presión fiscal.

Si comparamos nuestras Corporaciones con las de países europeos, veremos que son las más pobres y peor dotadas, con diferencia, en cuanto a personal técnico especializado. Los ingenieros, arquitectos, asistentes sociales, urbanistas, economistas, psicólogos, sociólogos, técnicos en Informática... son muy escasos. La solución a problemas planteados por la gestión municipal exige todo este tipo de personal. No se puede funcionar únicamente con el administrativo clásico, por mucha voluntad que ponga en su trabajo. La complejidad de la vida moderna hace imprescindible acudir a este tipo de profesionales.

Con esta política de contratación se ayuda a paliar, aunque en pequeña escala, el problema del paro. Hoy un puesto de trabajo es una cuestión ante la cual debemos meditar profundamente. Si la iniciativa privada no crea puestos de trabajo —las razones son bastante complejas y no objetivo de este artículo—, la única alternativa para mitigar algo el problema es la creación, por parte de la Administración pública, de puestos de trabajo.

Los excesivos sueldos que se dice cobran nuestros Alcaldes y Concejales es una cuestión a aclarar. Antiguamente, estos sueldos eran mucho menores que en la actualidad, pero hay que ver quién ocupaba esos puestos y qué provecho añadido sacaba de los mismos. Algunos de nuestros representantes municipales eran personas muy conocidas en sus respectivos núcleos de población, generalmente de posición económica desahogada. Tenían unos sueldos bajísimos, por no decir ridículos. Había quienes se permitían el lujo de renunciar a los mismos en un montaje público para que el pueblo apreciase su bondad y generosidad.

Nos podríamos preguntar ¿tenían esos señores necesidad de dichos sueldos? La respuesta, evidentemente, es no. El verdadero y sustancial sueldo lo obtenían al usar su cargo público como instrumento de prebendas y favores. Las tajadas obtenidas al conceder una licencia de construcción a la Empresa X eran muy suculentas.

Hoy, afortunadamente, esto se ha erradicado o está en vía de conseguirse. Nuestros cargos públicos deben recibir unos sueldos dignos —no más que los de cualquier trabajador—. El dinero que al contribuyente le cuestan estos salarios (y aunque fuesen más elevados) es, en comparación, ínfimo con la cantidad de dinero evadido de nuestros bolsillos para atender otros conceptos, a veces de menor interés que la gestión municipal.

Tener al frente de nuestros Ayuntamientos a personas con dedicación exclusiva y un único sueldo no nos sale caro; la carestía y el despilfarro se producen al mantener a muchos de nuestros políticos con varios sueldos, generalmente muy elevados.

Los impuestos municipales han aumentado mucho, pero no por capricho de las Corporaciones. Los presupuestos de que gozan son ridículos si los comparamos con las necesidades a que deben hacer frente. Aparte de ser escasos, muchas veces no llegan o lo hacen con excesivo retraso. El Gobierno central está aplicando una política muy sibilina en todo esto. Si antes la fuente de financiación de las Corporaciones era casi exclusivamente vía Administración central, hoy ésta está traspasando poderes recaudatorios a los Municipios. Con la impopularidad de cualquier tipo de impuesto los resultados son claros: el ciudadano no para de quejarse, ante los Ayuntamientos, de la presión fiscal a que se le somete. Debemos darnos cuenta de que hoy, únicamente se pagan impuestos transferidos a los Ayuntamientos o impuestos establecidos por los mismos con autorización del Estado y debido, fundamentalmente, a que les han sido cortadas otras fuentes de financiación.

La continuidad de nuestros Ayuntamientos democráticos es bastante obvia en la medida que la Democracia siga su camino natural. Su gestión debe ser contemplada con esperanza y confianza, pero no ciegamente, sino con actitud crítica y responsable.

Tres años es poco tiempo para apreciar realizaciones y cambios profundos. El tiempo nos debe decir si este proceso emprendido hace tres años nos conducirá a una plena normalización de nuestra vida municipal. A.H.

Extraído de la Revista Villena de 1982